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sábado, 18 de febrero de 2012

Un genocidio high tech




























Buena parte del coltán del Congo está en poder de grupos ruandeses.




NOKIA PUBLICA SU POLITICA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE “PROVEEDORES”


Un genocidio high tech



La empresa finlandesa cuenta cómo va a monitorear el aprovisionamiento del coltán, mineral irreemplazable para la alta tecnología. El 80 por ciento de las reservas están en el Congo, donde murieron seis millones de personas.







Por Mariano Blejman



Cada teléfono inteligente, cada computadora, cada televisor que se vende en el mundo podría llevar en su interior una oscura trama de genocidio. Lo que hay dentro de cada nuevo aparato que sale al mercado, cada vez más ágil y más poderoso, viene con un mineral conocido como coltán, que en realidad es una mezcla de columbita y tantalita. De allí se extrae el tantalio (al fin llegamos), que tiene la capacidad de ser condensador electrolítico. Es decir, disminuye la energía generada por los artefactos para uso tecnológico. Por el momento, es irreemplazable. Pues bien, el 80 por ciento del coltán se encuentra en la República Democrática del Congo, donde ocurrió una guerra que se llevó entre seis y siete millones de vidas desde mediados de los ’90 hasta las elecciones democráticas en 2006. Esta es una de las grandes historias tapadas en los países “centrales”, sobre la cual las empresas de alta tecnología han comenzado a dar la cara. Primero fueron Apple e Intel (que el año pasado anunciaron que dejarían de usar coltán del Congo), y esta semana Nokia publicó su política humanitaria en la cadena de montaje: “Prohibimos los abusos a los derechos humanos asociados a la extracción, transporte y comercialización de minerales”, publicó Ian Delaney en el sitio oficial de Nokia.

Luego de estar tres mil millones de años olvidado y considerado una rareza edafológica, el coltán comenzó a ser codiciado mundialmente a comienzos de los años ’90 con el boom tecnológico. En 1996, Estados Unidos patrocinó una invasión al Congo de fuerzas militares de Ruanda y Uganda. Dos años después, tomaron el control y ocuparon las áreas mineras estratégicas. Al poco tiempo, el ejército ruandés se hizo cargo de la explotación de las minas, comenzando a ganar fortunas (el periodista Keith Harmon Snow del proyecto Censurado en 2007 calculaba 20 millones de dólares mensuales en sus inicios) por la explotación del coltán, que usaron para financiar una espantosa guerra por el dominio del Congo, que incluyó todo tipo de abusos, violaciones, vejaciones, torturas y asesinatos en masa.

Como es sabido, en la antigua colonia belga abunda la riqueza mineral, pero más aún la miseria: se explota cobre, cobalto, estaño, oro y sus famosos diamantes. Sin embargo, nada de esa riqueza queda en suelo congoleño, ya que el procesamiento del mineral se hace fuera del país y las masacres provienen de países vecinos. La información sobre la explotación del coltán recién empezó a aparecer en los medios tradicionales hace relativamente poco, sobre todo desde que se estrenó en Dinamarca, en septiembre de 2010, el fantástico documental Blood in the Mobile (Sangre en el celular), dirigido por Fran Piasecki Poulsen, que cuenta la relación entre el famoso coltán y los modernos teléfonos celulares que usan cientos de millones de personas en todo el planeta.

Lo que dice la finlandesa Nokia –el gigante de la telefonía móvil– en la publicación sobre los conflictos minerales es, de alguna manera, una confesión de partes, lo mismo que había hecho Apple e Intel en abril del año pasado. Nokia dice que vienen trabajando en la cadena de aprovisionamiento desde 2001 para evitar comprar material proveniente de sectores mafiosos del Congo, pero es la primera vez que declaran una política pública de responsabilidad directa frente a los abusos de los derechos humanos en cualquiera de las etapas de aprovisionamiento.

Entre los puntos de la declaración de Nokia dice: “Prohibimos los abusos a los derechos humanos asociados a la extracción, transporte y comercio de los minerales”, “prohibimos apoyo directo o indirecto a grupos armados o fuerzas de seguridad que ilegalmente controlan o piden impuestos a los sitios de minas, transportes, puntos de intercambio o cualquier actor en los sectores de la línea de provisionamiento”, “les pedimos a nuestros proveedores en la línea de montaje que sigan estos principios simples”. El documento dice que Nokia no tiene tolerancia con respecto a la corrupción, al lavado de dinero y al robo, y les pide a la cadena de montaje los mismos principios básicos. Las preguntas más obvias, al leer el documento, son por qué Nokia tardó más de diez años en publicar políticas de este tipo y por qué Apple, Intel, Sony, Motorola, Compaq, Hewlett Packard, por poner sólo algunas, no reaccionaron antes a la presunta participación en la financiación de la guerra más cruenta de la década del ’90. La otra pregunta es cómo hará Nokia para seguir toda la cadena de provisiones, teniendo en cuenta que el coltán es sacado a través de Ruanda, país que también tiene menores provisiones del mineral combinado y que de allí pasa al menos por siete intermediarios hasta llegar a sus plantas centrales convertido en el mágico oro gris.

Esta vez, Nokia se refiere específicamente al conflicto en el Congo: “Allí, la Armada Nacional Congolesa lucha contra tres grupos rebeldes diferentes para extraer y refinar minerales valiosos. Los minerales usados en nuestros aparatos electrónicos, incluyendo los teléfonos móviles, las computadoras y los reproductores musicales, son el tantalum, que guarda electricidad en los 


teléfonos celulares; el tungsteno, que crea vibraciones en los teléfonos; el estaño, para las placas de circuito, y el oro, para la capa de los cables”. En abril del año pasado, Apple e Intel decidieron dejar de comprar coltán en el Congo, en una especie de embargo “de facto”, según John Kanyoni, presidente de los exportadores de minerales asociados de North Kivu en el Congo.

Pero eso no los amilanó: los mineros asociados salieron a buscar vendedores en Asia, donde los gigantes estadounidenses también están asentados. La regulación a la que se sumaron estas empresas norteamericanas había sido desarrollada por la Electronic Industry Citizenship Coalition asentada en Washington y la Global E-Sustainability Initiative con sede en Bruselas. Pero el mundo es grande, y de hecho Apple ahora está dejando que los de Fair Labor Association supervisen sus plantas en China donde los obreros orientales se quejan por las largas horas de trabajo, todo esto después de un artículo que salió en estos días en The New York Times.

@blejman



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domingo, 25 de abril de 2010

Esclavos en tiempos de Evo


ESCENARIO

Esclavos en tiempos de Evo



Por Santiago O’Donnell

En el Chaco boliviano, cerca de la frontera con Argentina y Paraguay, actualmente viven unas 600 familias guaraníes en condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Lo dice así, con todas las letras, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado esta semana.

Por supuesto que el Chaco boliviano no es el único lugar del mundo, ni de la región, ni siquiera de Bolivia, donde se practica la esclavitud. Según la Organización Internacional del Trabajo, en América latina y el Caribe la incidencia de trabajo forzoso es de 2,5 víctimas por cada mil habitantes. Pero el caso del Chaco boliviano es quizás el más flagrante y alevoso, o simplemente el mejor documentado. Según la comisión, las prácticas esclavistas en esa zona se vienen llevando adelante desde hace más de un siglo, “ante la pasividad de las autoridades regionales e internacionales”.

Lo llamativo es que cuatro años del gobierno más progresista de la región no han podido revertir esta situación. Se trata del gobierno del primer presidente indígena de América latina, símbolo y emergente de las luchas políticas de los movimientos sociales. Un gobierno indudablemente comprometido con los derechos de los pueblos originarios, que lleva adelante la reforma agraria más radical de toda la región.

Ese gobierno no ha podido erradicar la esclavitud en su propio país, ni generar las condiciones para que el pueblo guaraní del Chaco boliviano pueda subsistir dignamente. Y no es que no lo haya intentado.

El informe de la CIDH detalla la batería de iniciativas que adoptó el gobierno de Morales en favor de los guaraníes chaqueños, pero también cómo distintos factores y actores conspiran en contra de esas medidas hasta tornarlas poco menos que inútiles –y en algunos casos hasta contraproducentes– para los intereses de sus supuestos beneficiarios.

Por decirlo mal y pronto, los enclaves esclavistas están situados en territorio controlado por la oposición. Por esa razón, el interés de los latifundistas por mantener el statu quo se mimetiza con el reclamo autonomista que la oposición utiliza para obstaculizar las reformas del gobierno.

Embanderados en la causa opositora, los hacendados resisten por la fuerza cualquier intento del gobierno por comprobar los abusos in situ y por redistribuir tierras en favor de los guaraníes. La situación se complica porque esos hacendados además forman parte de la elite política que gobierna la región. Como la presencia del Estado boliviano en el Chaco es casi nula, son esos hacendados quienes controlan la administración de la justicia y de la seguridad.

La comisión pudo constatar que ese control se extiende a la circulación de los habitantes de la región, ya que la mayoría de los caminos están atravesados por tranqueras con cadena y candado, porque los hacendados los reclaman como propios.

Y a todo esto se suma el factor racial. Los esclavos son todos guaraníes y sus patrones son todos blancos. Esto, en un país que acaba de sancionar una Constitución plurinacional que reconoce la autonomía de los pueblos originarios.

Según la CIDH, las prácticas esclavistas en el Chaco fueron alentadas durante décadas por el Estado boliviano, que despojó a los habitantes originarios de sus tierras para entregárselas a grandes latifundistas. La reforma agraria de la década del ‘50, que transformó al resto del país, pasó casi inadvertida en el Chaco, donde la elite local consiguió preservar todos sus privilegios.

“Efectivamente, dicha reforma en algunos aspectos fortaleció el poder económico y político de los hacendados del Chaco, los cuales tenían fuertes vínculos con el partido del gobierno”, dice el informe. “Los guaraníes fueron forzados a someterse a las condiciones impuestas porque no tenían acceso a su propio territorio, que les hubiese permitido autosustentarse.”

Sin tierra en la región más pobre del país más pobre de Sudamérica, los guaraníes se vieron obligados a someterse a pagos miserables a cambio de jornadas interminables. “Las jornadas laborales son generalmente de más de 12 horas al día, y en muchos casos se les asigna realizar un trabajo específico que debe ser terminado en el día de faena, lo cual normalmente es de imposible cumplimiento. Un hombre guaraní de la comunidad de Itacuatía narraba lo siguiente: ‘Cuando yo era chico, me levantaba para ir a trabajar a las tres de la mañana porque antes era el toque de campana para trabajar a esa hora’... Otros testimonios confirmaban que el pago que recibían era ínfimo y el trato que recibían era degradante”, señala el documento.

Ese régimen lleva indefectiblemente al endeudamiento y al sometimiento. “La situación de endeudamiento se genera mediante el registro que tienen los patrones de sus trabajadores en un cuaderno donde anotan su nombre, las actividades que realizan, los adelantos entregados en especies o el dinero que se entrega en pago al trabajo desarrollado. Este cuaderno es el único documento para realizar los ‘arreglos’ que se efectúan, y en casi todos los casos los trabajadores resultan debiéndole al patrón. Esto genera las obligaciones de trabajar a futuro, situación que puede llegar a ser vitalicia e incluso heredarse de una generación a otra”, explica la comisión.

En esta situación, el castigo corporal y el trabajo infantil son moneda corriente, constató la comisión: “Durante las visitas del 2006 y 2008, la Comisión tomó conocimiento e incluso recibió testimonios relacionados con eventos de maltrato físico de guaraníes mediante ‘huasqueadas’ (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales como castigo por ‘desobediencia’. En palabras de un hombre de Itacuatía, ‘nos tratan con garrotes y chicote... siempre nos sabían chicotear, maltratarnos. Estos actos de violencia siempre han existido’”.

Todo esto iba a revertirse con la llegada al poder del gobierno de Evo Morales. Ese gobierno sancionó en el 2006 una ley de Reforma Agraria por la cual los latifundios esclavistas debían ser confiscados y entregados a los pueblos originarios. Pero cuando los técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria se presentaron en el Chaco para hacer el saneamiento de las tierras, fueron repelidos a balazos por los hacendados.

Igualmente, el INRA llegó a fallar en dos casos en favor de los guaraníes. La decisión del INRA fue avalada por el Tribunal Agrario creado por la nueva Constitución para dirimir pleitos de propiedad de tierras. Pero los hacendados recurrieron el fallo del Tribunal Agrario ante el Tribunal Constitucional, potestad también incluida en la nueva Constitución. Como el Tribunal Constitucional aún no se ha constituido, las tierras en disputa siguen en poder de los hacendados y las prácticas esclavistas continúan.

El bajo nivel de alfabetización de los guaraníes y las dificultades que tienen para acceder a los servicios de justicia son otro obstáculo que el gobierno aún no ha podido solucionar. En el 2007 Morales firmó un decreto para lanzar un plan con el fin de mejorar la salud, la educación y el acceso a la justicia en el Chaco boliviano, pero se trata de una acción cuyos resultados se podrán apreciar a mediano plazo.

La fiscalía encargada de la región se muestra permeable a la influencia política de los hacendados. Sólo inició una investigación de oficio sobre las prácticas esclavistas después de un duro informe de la CIDH en 2006. Pero en esa investigación el fiscal ingresó a las haciendas acompañado por políticos locales y en su presencia interrogó a las víctimas. Como en esas condiciones intimidatorias nadie se animó a decir esta boca es mía, el fiscal concluyó que todos los hacendados pagaban sueldo y aguinaldo y daban un trato digno a sus empleados. El caso fue archivado.

Según el informe publicado esta semana, las políticas del gobierno de Morales para revertir las prácticas esclavistas en el Chaco tuvieron el efecto indeseado de dividir y debilitar a la comunidad guaraní. Algunos se fueron de las haciendas y formaron comunidades independientes, donde subsisten en condiciones paupérrimas. Otros se quedaron en las haciendas por voluntad propia, otros se fueron a cambio del pago de sus supuestas deudas, otros quisieron irse pero no pudieron, otros fueron echados por querer organizarse.

“Según diversas fuentes, muchos guaraníes han sido expulsados por los hacendados como consecuencia del proceso de saneamiento que se realiza en sus respectivas zonas y como represalia por su participación en la Asamblea del Pueblo Guaraní. La Comisión recibió otros testimonios que indican que la situación de los guaraníes expulsados es muy precaria, debido a que carecen de lugar donde vivir y donde cultivar lo mínimo para garantizar su subsistencia”, dice el informe.

En la presente coyuntura, dada la relación de fuerzas, para expropiar las tierras de los hacendados esclavistas y devolvérselas a los guaraníes, Evo Morales debería mandar al ejército a invadir el Chaco, lo cual equivaldría a incendiar el país.

La alternativa es fijar políticas claras y dejar que las instituciones actúen, aun cuando muchas de esas instituciones están cooptadas, colonizadas, funcionan mal, no existen o figuran sólo en papel. Morales parece haber elegido ese camino, más largo y más incierto, en función del interés nacional.

Mientras tanto, todo está como era entonces para las familias esclavas del Chaco boliviano. O tal vez peor, por la brutal respuesta de los hacendados a las acciones reformistas del gobierno. Y por saberse esclavos aun en tiempos de Evo.

sodonnell@pagina12.com.ar

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